El sistema español de ciencia, tecnología y empresa engloba a todas las instituciones y organismos de titularidad pública o privada dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y el desarrollo y/o la utilización de éste en el ámbito productivo, así como al conjunto de reglas, normas, usos y costumbres, etc., que en relación a estas materias imperan en la sociedad.

A pesar de que el sistema está compuesto por una estructura compleja de entidades, éste puede ser clasificado desde un punto organizativo en cuatro grandes categorías de entidades en atención a la naturaleza, objetivos y funciones de cada una de ellas:

El actual sistema español de ciencia, tecnología y empresa se configura como tal tras la aprobación de la denominada Ley de la Ciencia de 1986. Ley que, entre sus objetivos fundamentales, persigue una mayor y mejor coordinación entre los distintos agentes del sistema.

Así mismo, la Ley de la Ciencia establece el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica que corresponde al Estado, y crea la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) como órgano de planificación, coordinación y seguimiento del Plan Nacional. El Plan Nacional está así concebido como un mecanismo integrador que debe fijar los grandes objetivos en I+D para períodos plurianuales y ordenar las actividades dirigidas a su consecución en programas a realizar por los distintos Departamentos Ministeriales con responsabilidades en la materia.

A la hora de analizar y profundizar en las características del sistema es preciso recurrir a una serie de datos e indicadores que permitan dimensionarlo en toda su amplitud:

En el año 2002, según los datos de la Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico publicada por el INE, el gasto interno total en I+D fue de 7.193,54 millones de euros, lo que representa el 1,03% del PIB, cifras que suponen, en términos absolutos y en su relación con el nivel de riqueza, el mayor gasto interno de I+D hasta la fecha para la generación de conocimientos y para su utilización para la concepción de nuevas aplicaciones. Asimismo, en 2002 se ha registrado un incremento del 11,0% en el gasto interno total en I+D por investigador respecto a los 77,8 mil euros corrientes de 2001.

Este gran avance producido en 2002, con un aumento bruto del 15,5% respecto a los datos de 2001, representa el mayor incremento, en valores absolutos, de los recursos dedicados a ciencia y tecnología, y un cambio de tendencia en la evolución de los resultados en relación PIB respecto a la década anterior. En 2002, los recursos destinados a I+D en relación al PIB suponen un aumento de siete centésimas en comparación con 2001, superando, por primera vez, la barrera del 1%.

El crecimiento del gasto total descansa, fundamentalmente, en los resultados experimentados por las actividades ejecutadas por las empresas, con un incremento del 20,4% en el 2002 respecto al año anterior. Por sector de ejecución, las empresas representan las principales entidades ejecutoras del gasto, con el 54,6% del total, en el que quedan incluidos los préstamos o créditos reembolsables facilitados por las administraciones públicas.

El gasto del sector privado en I+D (empresas e instituciones sin ánimo de lucro) supuso el 52,4% del gasto total y el sector público (Administración y universidades) el 47,6%. El personal ocupado en I+D representa el 6.9% de la población activa, mientras que los investigadores suponen el 4.4% en el 2001.

La participación del sector empresarial en el gasto en I+D en España es también inferior a la de los países de nuestro entorno, así como el número de investigadores en el sector empresarial.

Además, la dependencia tecnológica del exterior es muy alta; España tiene una dependencia tecnológica superior a la que le correspondería en comparación, por ejemplo, con nuestra contribución al presupuesto comunitario, que es del 7,2%, situación que es reflejo también del reducido número de empresas innovadoras (menos del 24% del total).

Aun cuando las competencias en investigación y desarrollo corresponden a la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas (CC.AA.) han iniciado en los últimos años múltiples acciones. La importancia económica e institucional de las políticas autonómicas de I+D+i es extremadamente diversa, siendo reducida la coordinación entre las mismas. Por regla general sus políticas se han centrado en el desarrollo tecnológico industrial concentrándose en ayudas a las empresas y en la creación de parques tecnológicos y organizaciones de ayuda administrativa.

La distribución regional de las actividades de I+D siguen mostrando claras desigualdades, con una concentración manifiesta en las comunidades de Madrid y Cataluña; no obstante, existen otras cinco comunidades, como puede apreciarse en la siguiente tabla del año 2001, que siguen participando de forma notable en el conjunto del gasto nacional de las actividades científico-tecnológicas. Sin embargo, cuando el análisis se practica con relación al PIB a precios de mercado de cada comunidad autónoma, emergen regiones que, a pesar de contribuir de forma escasa al gasto total en términos absolutos, sí realizan un esfuerzo considerable respecto a su nivel de riqueza, como es el caso de la comunidad autónoma de Navarra.

A pesar de que España no alcanza los niveles europeos en sus respectivos sistemas nacionales de ciencia, tecnología y empresa, los datos mostrados, que sitúan a España como uno de los países con mayor tasa de crecimiento del gasto en I+D, permiten dibujar una tendencia convergente respecto al nivel medio europeo.