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| Administraciones Públicas |
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Las Administraciones Públicas juegan un papel fundamental en el sistema español de ciencia, tecnología y empresa a través de políticas y actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento con relación a la ciencia, la tecnología y su utilización por el tejido productivo.
Por otro lado, las administraciones públicas definen políticas de apoyo a la I+D, que incluyen instrumentos financieros (fiscalidad, ayudas, subvenciones y compras públicas), regulatorios (legislación para protección del I+D+i) y sistemas de información y difusión. |
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| Esta categoría está integrada por aquellos organismos puramente públicos europeos, estatales, autonómicos y locales con competencias en I+D+i que mediante disposiciones legales y acciones, persiguen la promoción de la ciencia, tecnología y la innovación tecnológica como una vía para la búsqueda de un mayor bienestar social, manteniendo o mejorando la capacidad y posición competitiva de las empresas. |
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| Estas Administraciones recurren, para la ejecución de determinadas acciones facilitadoras, a una serie de organizaciones dependientes que, ostentando diferentes personalidades jurídicas, son de titularidad mayoritariamente pública, y que se denominan "Organismos y Agencias de Fomento de la Innovación". |
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| En los últimos años, las políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación han sido objeto de una atención creciente como consecuencia del convencimiento general de que el conocimiento científico y tecnológico es un factor determinante en la nueva economía. Este apoyo se concreta en una serie de políticas y actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento. Estas actuaciones están destinadas a la resolución de las deficiencias y problemas más importantes del sistema de ciencia, tecnología y empresa y a la potenciación de los elementos más competitivos de dicho Sistema. |
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| La política de I+D e innovación de la Administración General del Estado (AGE) queda reflejada anualmente en la composición y volumen de las partidas que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinan a estos conceptos. La Función 46 (antigua función 54) de Investigación Científica, Técnica y Aplicada, es un capítulo de los Presupuestos Generales del Estado que agrupa los programas presupuestarios entre los que se distribuyen los fondos destinados a I+D e innovación. En la actualidad, los gastos del Estado en I+D presupuestados para el año 2005, que ascienden a 4972,24 millones de euros (569,94 más que en 2004), están recogidos en la función 46 de los Presupuestos Generales del Estado, y se desglosan en una serie de Programas, gestionados por distintos Ministerios. |
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| Los principales objetivos de las administraciones públicas en el ámbito del I+D+i son los siguientes: |
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| > La ordenación del sistema público de I+D+i. Las administraciones son responsables de orientar las actividades científicas y tecnológicas de los centros de investigación, tanto para conseguir la excelencia científica como para lograr la transferencia al sistema productivo. |
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| > La coordinación de las políticas de I+D e innovación. Las administraciones tienen la responsabilidad de coordinar sus políticas para conseguir el mejor uso de los recursos disponibles. |
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| > El fomento de la innovación. Incluye su apoyo financiero mediante la concesión de subvenciones y créditos blandos y normas de política fiscal sobre las actividades de innovación. Además, son frecuentes acciones intangibles como la emisión de recomendaciones o la realización de programas de prospectiva tecnológica. |
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| > El fomento de la difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología. Son cada vez más frecuentes los programas de comunicación, cuyo objetivo es la difusión de soluciones tecnológicas o la información al mundo empresarial de las capacidades tecnológicas que les son accesibles dentro de su entorno. La responsabilidad de la administración en la vertebración del sistema de innovación, también es el origen de programas de fomento de la colaboración entre el sistema público y las empresas. |
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| En los últimos años se han producido ampliaciones de los referidos objetivos, que podrían resumirse en los siguientes puntos: |
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| > Promoción de una sociedad que valore el espíritu empresarial.La actitud innovadora se desarrolla cuando la sociedad tiene entre sus valores el aprecio por la creatividad, la asunción de riesgo, la ciencia y la tecnología. |
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| > Supresión de barreras a la creación y desarrollo de empresas. Las administraciones están promoviendo reformas en su legislación para facilitar el desarrollo de la actividad empresarial que va desde el lanzamiento de nuevas ideas hasta la transferencia de la actividad a nuevos propietarios, y también para facilitar nuevos mecanismos de financiación, de asesoría y de consulta. |
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| > Mejora de los indicadores de innovación como vía de toma de decisiones para la definición de las políticas de fomento. En el ámbito autonómico, las CC.AA. también han impulsado normas destinadas al fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, que en unos casos han tenido rango de Ley y en otros carácter reglamentario. Todas las CC.AA. han aprobado ya algún tipo de norma en esta materia, tanto de contenido material como de naturaleza organizativa y todas cuentan con planes específicos de investigación y/o con organismos dedicados a potenciar la investigación (Instituto Tecnológico de Aragón, Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Galicia, Red Vasca de Tecnología, entre otros). |
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